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La consecuencia natural de un sistema garantista es la protección de la imputación concreta, entendida como la exposición clara y objetiva de las razones que llevan al Ministerio Público, en su calidad de titular del ejercicio de la acción penal, a sostener que un hecho determinado reviste consecuen-cias jurídico-penales. Dicha imputación debe estar respaldada por elementos de convicción suficientes y dirigirse contra una persona concreta, precisando su grado de participación y demás aspectos que integran la teoría del delito.
En este libro se busca ofrecer al lector un análisis integral de la imputación concreta en las distintas etapas del proceso penal, apoyándonos en la doctrina, la jurisprudencia y, por supuesto, en la norma jurídica. Conviene recordar que, sin imputación concreta, no existe objeto procesal y, en ausencia de este, tampoco puede ejercerse el derecho de defensa. De allí surgen diversos mecanis-mos procesales para su tutela, cuya aplicación dependerá de la etapa en que se encuentre el proceso.
Por ello, resulta esencial conocer de qué manera solicitar al fiscal, al juez de garantías o al juez de juzgamiento el cumplimiento del principio de imputación necesaria, evitando vicios procesales que puedan generar nulidad. Este libro expone los mecanismos de defensa idóneos para requerir a la autoridad correspondiente la subsanación de una imputación deficiente, en resguardo del dere-cho de defensa reconocido en nuestra norma procesal penal.
